El Poder Ejecutivo Nacional ha implementado una modificación significativa en la regulación de las armas semiautomáticas que utilizan cargadores removibles, incluyendo aquellas similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armamento militar con calibre superior a .22 LR. Esta medida impacta a los usuarios legítimos de armas de fuego en todo el territorio nacional, otorgando a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) la potestad exclusiva para autorizar la adquisición y tenencia de este tipo de armamento bajo un régimen especial.
El Decreto 397/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue formalmente publicado en el Boletín Oficial, entrando en vigor de manera inmediata. Esta decisión se produce tras más de treinta años de un sistema restrictivo establecido por el Decreto 64/1995, el cual prohibía a los ciudadanos la adquisición y tenencia de estas armas, exceptuando casos autorizados por el Ministerio de Defensa. El decreto actual reemplaza esa prohibición general con un sistema de control gestionado por la Anmac, un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
El texto oficial estipula un régimen de autorización especial para la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armamento militar con calibre superior a .22 LR, solicitadas por usuarios legítimos de armas de fuego. La Anmac será responsable de la aplicación de este régimen de control especial.
La modificación responde a la necesidad de reevaluar los mecanismos de control sobre este tipo de armas, según argumenta el decreto. El Gobierno destaca que, durante más de tres décadas, tanto el ex-Registro Nacional de Armas como la Anmac aplicaron criterios cada vez más restrictivos. Esto llevó a que muchos usuarios originales de estas armas fallecieran sin la posibilidad de transferir legalmente la titularidad a sus herederos, generando irregularidades en la tenencia de estos materiales.
El decreto también considera la posibilidad de que estos materiales controlados se utilicen en actividades deportivas u otras finalidades lícitas, siempre bajo el análisis de la autoridad competente. La Anmac, creada por la Ley 27.192 y dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, asume la responsabilidad de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias. El decreto enfatiza que los nuevos mecanismos de control deben equilibrar la posibilidad de adquisición o transferencia de estas armas con las precauciones derivadas de la seguridad pública.
